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COMUNICADO OFICIAL: EXIGENCIA DE FISCALIZACIÓN Y RESPETO AL CONSUMIDOR

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA


La Corporación Puertorriqueña de Comunidades Unidas denuncia la crisis de precios en el Mercado Familiar


RÍO GRANDE, P.R. – La Corporación Puertorriqueña de Comunidades Unidas, en cumplimiento con nuestra misión de defensa comunitaria, hace pública una denuncia formal ante el patrón de precios inflados y prácticas abusivas detectadas en el "Mercado Familiar", específicamente en el municipio de Río Grande. Esta situación constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de nuestros consumidores y una afrenta a la economía de nuestra población envejeciente.



Marco Legal: El Fundamento de Nuestra Denuncia

Nuestra exigencia de justicia se fundamenta en los siguientes pilares legales que rigen el ordenamiento de Puerto Rico:

  • Ley Núm. 228-2004 (Ley de la Defensoría de las Personas de Edad Avanzada): Esta ley establece el derecho de nuestros mayores a vivir en un entorno libre de abuso, explotación financiera y trato discriminatorio. El cobro desmedido en artículos de primera necesidad a personas mayores de 60 años contraviene el espíritu de protección de este estatuto.

  • Ley Núm. 226-2004 (Ley de la Oficina del Procurador del Ciudadano): Faculta a la ciudadanía a denunciar acciones de agencias gubernamentales (incluyendo el Departamento de la Familia) y municipios que, mediante omisión o acción, permiten prácticas que lesionan el bienestar público.

  • Ley Núm. 5-2011 (Ley de la Carta de Derechos del Consumidor): Garantiza el derecho de todo consumidor a adquirir productos a precios justos, sin ser objeto de prácticas engañosas o abusivas. El Mercado Familiar, al ser un programa patrocinado con fondos públicos, no está exento de cumplir con los parámetros de razonabilidad de precios que exige la normativa vigente.

  • Ordenanzas Municipales de Fiscalización: Los municipios tienen la responsabilidad ineludible de supervisar cualquier evento que ocurra bajo su jurisdicción. La falta de inspección en cuanto a los precios de los productos constituye un incumplimiento de sus deberes ministeriales.



Responsabilidad Gubernamental: Familia y Municipio

Exigimos una explicación clara del Departamento de la Familia y de la administración municipal de Río Grande. Al promocionar estos eventos, ambas entidades otorgan un aval tácito a los vendedores participantes. ¿Por qué se permite que un melón alcance un costo de $20.00 o que dos artículos de primera necesidad sumen $49.00, cuando el mismo producto es significativamente más económico en un establecimiento comercial tradicional?

Es imperativo cuestionar la rigidez del sistema de beneficios. Si el producto se adquiere a un costo más elevado en el mercado familiar que en el mercado abierto, el ciudadano se ve obligado a desperdiciar sus beneficios en lugar de optimizarlos. ¿Por qué restringir el uso de estos fondos si el propósito del programa es, supuestamente, aliviar la carga económica del ciudadano?



Llamado a la Acción: ¡La voz del pueblo es nuestra herramienta!

Puerto Rico no está ciego ante esta realidad. La Corporación solicita a todo ciudadano que haya sido víctima de estas prácticas abusivas que documente su caso en los comentarios de nuestras plataformas. No estamos ante un hecho aislado; es una práctica sistémica que requiere una investigación formal.


La mejor herramienta de fiscalización actual es la abstención activa. Exhortamos a la comunidad a no asistir a los mercados donde se detecten abusos. La reducción drástica en la afluencia de público obligará a las autoridades a realizar la investigación que hoy evaden.

Estamos aquí para escucharte y para defenderte. Invitamos a la comunidad a verificar nuestra trayectoria y unirse a nuestra labor fiscalizadora a través de Google y Google Maps bajo el nombre: Corporación Puertorriqueña de Comunidades Unidas.


¡Por la justicia, el respeto y la dignidad de nuestra gente, exigimos acción inmediata!

Junta Directiva Corporación Puertorriqueña de Comunidades Unidas


Nota: Este documento ha sido redactado para servir como base de una queja formal ante las agencias correspondientes. Invitamos a la ciudadanía a unirse a la conversación y compartir sus testimonios bajo esta publicación.

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